28 Nov
Corte Constitucional protege el derecho a la información sobre el contenido de bebidas azucaradas
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Mediante la sentencia T-543 de 2017 la Corte Constitucional tuteló los derechos al debido proceso y a informar y a recibir información, dentro de unas acciones de tutela ejercidas por Educar Consumidores y por unos ciudadanos en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con ocasión de un control previo realizado por esta a un comercial de televisión que tenía como propósito generar conciencia en la población sobre el riesgo que representa para la salud el alto consumo de bebidas azucaradas. Resumimos muy brevemente los hechos que motivaron las acciones de tutela, y algunas consideraciones de la Corte Constitucional para otorgar la tutela.

La asociación Educar Consumidores y un grupo de ciudadanos presentaron acciones de tutela al considerar vulnerados el debido proceso y el derecho a la información, toda vez que la SIC ordenó el cese de la difusión del comercial de televisión, a la vez que impuso a dicha asociación la obligación de remitir a la SIC cualquier pieza publicitaria a fin de realizarle control previo.

La Corte Constitucional estimó que toda limitación a la libertad de expresión se presume sospechosa, y por eso debe someterse a un juicio estricto de constitucionalidad. En este orden de ideas se consideró que las medidas adoptadas por la SIC vulneraron el derecho a la información y la libertad de expresión de los accionantes, porque no están previstas en la Ley, no persiguen una finalidad imperiosa, no son necesarias, y además, constituyen una medida de censura.

Para la Corte, es claro que el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), le otorga a la SIC la facultad de ordenar como medida definitiva o preventiva, el cese de la publicidad que no cumpla con las condiciones señaladas en la misma Ley. No obstante, los mensajes transmitidos por Educar Consumidores encuadran en la categoría de “información”, y no de “publicidad”, dado que se enmarcan en una campaña de salud pública para advertir sobre los riesgos que en la salud puede tener el consumo excesivo de bebidas azucaradas, lo cual, además, se fundamentó en numerosos estudios que fueron presentados a la SIC y que esta no estudió.

En este orden de ideas, al tratarse de “información”, y no de “publicidad”, la SIC no tenía facultades de control previo como medida preventiva. Además, si bien el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 faculta a la SIC para ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores, dicha interpretación no puede ser contraria al artículo 20 de la Constitución Política, que fundamenta el derecho a informar y a recibir información, razón de más para que la SIC no pueda adoptar ninguna medida de control previo, sino responsabilidades ulteriores, respetando los derechos fundamentales a los implicados, lo que incluye el derecho al debido proceso; esto último se puso de presente en tanto la SIC vulneró dicha garantía a Educar Consumidores al iniciar una actuación administrativa sin que le fuera comunicada, lo cual le impidió ejercer su derecho de defensa.

La Corte Constitucional revocó las sentencias que negaron el amparo a Educar Consumidores, y confirmó el fallo de segunda instancia que concedió la tutela presentada por varios ciudadanos ordenando a la SIC dejar sin efecto la medida de control previo y vincular a los accionantes al trámite administrativo. También se advirtió a la SIC, que en ejercicio de sus facultades administrativas en materia de protección al consumidor, no puede adoptar ninguna medida que implique un control previo sobre la información, sino responsabilidades ulteriores con respeto a garantías fundamentales como el debido proceso.