15 Oct
La eutanasia en niños, niñas y adolescentes ha sido regulada en Colombia
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Aunque para algunos expertos esto sea bastante apresurado para un país como Colombia, considerando que países más desarrollados carecen de normas ante la presencia de importantes dudas en relación con su implementación, finalmente, y contra el tiempo, fue reglamentado el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, mediante la Resolución 825 de 2018. La norma tuvo su origen en una orden emitida por la Corte Constitucional al Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Sentencia T 544 de 2017.

La norma parte del concepto según el cual el derecho fundamental a morir con dignidad no se limita a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo como una forma de aliviar el sufrimiento y lograr mejor calidad de vida para el paciente. Este cuidado debe ser ofertado y garantizado sin que medie solicitud previa, sin perjuicio de la facultad de desistir del mismo bajo ciertos requisitos.

Esta norma implementa el concepto de capacidad jurídica para unos sujetos que, por definición legal, tienen supeditada la mayoría de toma de decisiones a quienes ejercen la patria potestad sobre ellos, y dicha capacidad para decidir está definida por la concurrencia de las siguientes aptitudes: capacidad para comunicar la decisión, de entendimiento, de razonar y de juicio; no obstante, si por su enfermedad o el estado avanzado de la misma se les dificulta comunicar su decisión, se deben brindar los apoyos y ajustes razonables. 

Se especifican unos conceptos sobre la muerte según unos rangos de edad, y se considera como “condición en fase terminal” aquella en donde concurren un pronóstico de vida inferior a seis meses en presencia de una enfermedad o condición amenazante para la vida que acorte su curso, la ausencia de una posibilidad razonable de cura y falla en los tratamientos curativos, o ausencia de resultados con tratamientos específicos.

Excluyen de esta regulación a los recién nacidos, primera infancia, grupo poblacional de 6 a 12 años (salvo algunas excepciones), los pacientes que presenten estados alterados de conciencia, discapacidades intelectuales o trastornos psiquiátricos diagnosticados que alteren la competencia para entender, razonar y emitir un juicio reflexivo.

En el procedimiento se deberá contar obligatoriamente con la concurrencia o aceptación de quienes ejercen la patria potestad en los casos de los pacientes de 6 a 14 años; en los casos de pacientes de 14 a 17, no es obligatoria la concurrencia, pero siempre se les informará sobre la decisión adoptada por el paciente. Esta concurrencia se podrá expresar válidamente, siempre que se haya superado una evaluación sobre condiciones psicológicas y emocionales; sin embargo, en este punto queda la inquietud sobre qué pasa si uno de los padres no pasa la evaluación psicológica, o si  uno de ellos es ausente o se niega a emitir su concepto sobre la solicitud hecha por el menor.

El procedimiento estaría regido por los criterios de prevalencia del cuidado paliativo, autonomía del paciente, celeridad, oportunidad e imparcialidad, y dentro del mismo se contemplan unas obligaciones para el médico tratante, tales como informar de la solicitud a quienes ejerzan la patria potestad; evaluar si el paciente se beneficiaría de una readecuación del esfuerzo terapéutico o de nuevos objetivos de cuidado y alivio sintomático; valorar al paciente con la participación de un equipo interdisciplinario; valorar la manifestación de sufrimiento y verificar que, aunque haya existido atención apropiada, este sea constante e insoportable; valorar la condición psicológica y emocional y la competencia para concurrir de quienes ejerzan la patria potestad; registrar en la historia clínica la descripción del sufrimiento; revisar que se haya suscrito el documento de solicitud, y valorar si la primera solicitud se mantiene al momento de elevar la petición ante el Comité. 

El Comité —encargado de revisar nuevamente el cumplimiento de los requisitos y emitir un concepto que deberá notificar— estará conformado por dos médicos (pediatra y psiquiatra) no objetores, más un abogado. Igualmente, deberá remitir al Ministerio de Salud toda la información del caso dentro de los 30 días siguientes a la realización del procedimiento. En los casos donde se presente controversia sobre las condiciones de fase terminal o de la competencia y del concepto evolutivo de muerte, se podrá pedir una segunda opinión.

La Resolución plantea funciones específicas para IPS y aseguradoras, las cuales deben garantizar y poner todo su empeño en que se sigan los protocolos, en aras de poder dar debido trámite a las solicitudes.
Finalmente, vale la pena resaltar que en cualquier momento se puede desistir de la solicitud del procedimiento, que no serán aceptadas las objeciones de conciencia institucionales y que la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control, hará seguimiento a la garantía del derecho a morir con dignidad vía eutanasia de los niños, niñas y adolescentes, a partir del reporte realizado por las IPS de las peticiones presentadas al Comité.

Se espera el mayor grado de responsabilidad, humanidad y rigurosidad de los profesionales que tienen a cargo el trámite y la realización de estas solicitudes, y que, en todo caso, siempre se busque el mejor escenario para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren ante esta difícil decisión, salvaguardando a toda costa sus derechos.