23 Jul
La Procuraduría General de la Nación protege los recursos del SGSSS
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La Procuraduría General de la Nación expidió la Circular 14 del 8 de junio de 2018, a fin de proteger los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) frente a órdenes de embargo proferidas en procesos judiciales. Se trata de una medida que opera para proteger el carácter inembargable de los recursos del sistema, incluidos los depositados en las cuentas maestras de recaudo abiertas por las EPS. Cabe destacar varias de las órdenes de la Circular.

Se exhorta a los jueces para que se abstengan de ordenar o decretar embargos sobre los recursos del SGSSS, y se les previene que afectar el principio de inembargabilidad puede generar investigaciones en el Consejo Superior de la Judicatura. 

Se asigna a los procuradores judiciales para asuntos laborales, civiles y administrativos, para que se hagan parte dentro de los procesos judiciales en los que se decreten medidas cautelares de embargo sobre recursos del SGSSS administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), de manera oficiosa o a solicitud de parte. De esta manera, la entidad demandada podrá solicitarle a la Procuraduría que intervenga en el proceso judicial a fin de evitar el embargo de los recursos.

También se exhorta a la Superintendencia Financiera para que advierta a los operadores judiciales cuando, con la medida de embargo, se vayan a afectar cuentas inembargables de recursos destinados al sistema.
Igualmente se dispone que se verificará que los jueces y autoridades administrativas den cumplimiento al artículo 594 del Código General del Proceso, que establece, entre otras, que si en una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable no se indica el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos, y que si la autoridad insiste en la medida de embargo, el destinatario de la orden cumplirá, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo.

En este caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

Al ordenar verificar el cumplimiento del citado artículo del Código General del Proceso, la Circular también hace referencia a la Sentencia C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional, que declaró exequible el artículo 21 del Decreto 28 de 2008 —relativo a la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones—, en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de 18 meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica.